Escrache por aquí, escrache por allá

Ayer salió la noticia de que el juez de la Audiencia Provincial de Madrid considera legal la manifestación coordinada, multitudinaria o no, pública y continuada dirigida hacia los políticos, incluso cuando la manifestación se hace frente a sus trabajos o frente a sus propias casas. Lo que modernamente ahora se le llama escrache, vamos. La Audiencia ha tenido que dictaminar en este sentido a raiz de que el propio fiscal del Estado, que ya tiene narices que éste organismo sea una herramienta más de defensa de los políticos, reclamase como ilegales estas manifestaciones denunciando a la Plataforma de Afectados de la Hipoteca por el acoso al que sometieron a la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Saenz de Santamaría en abril de 2013.

Cualquiera que se imagine un grupo de personas gritandole a la puerta de su casa ve que es una situación nada apetecible, algo que dificilmente se puede justificar ya que nadie quiere semejante cuadro ante su casa. Pero la cuestión es que aun así el juez mantiene que no es ilegal. Vale, puede no serlo como no lo es ir desnudo por la calle pero a cualquiera se le antoja un poco raro que esas cosas ocurran. ¿Cómo puede entonces el juez ver legal semejante acoso? Y lo que es aun más interesante. ¿Cómo se ha llegado a eso?

Contestaré primero a lo último. Las razones por las que se ha llegado a los escraches son las siguientes:

1. Los políticos españoles no tienen ninguna obligación de atender personalmente las demandas de los ciudadanos. Esto en otros paises no es así, disponiendo incluso de un horario concreto para hacerlo.
2. La Iniciativa Legislativa Popular que no es más que la petición de una reforma de la ley por petición popular de más de un millón de ciudadanos jamás ha sido aceptada tal cual por el gobierno de turno.Los políticos ni siquiera llegan a debatirlas en el congreso, en treinta años se han intentado 66 propuestas de las que se han denegado 65 sin explicación alguna por parte de los diputados.
3. El Gobierno ya no autoriza más manifestaciones permanentes como las del 15M donde los ciudadanos encontraban un espacio muy visible en el que hacer llegar a los políticos sus demandas.
4. Manifestarse frente al Congreso de los Diputados está penado con un mínimo de seis meses de prisión, sea cual sea la causa de la manifestación.

Ante esas premisas yo me pregunto: ¿Existe en España alguna manera de asegurarse de que los diputados escuchen las reclamaciones de los ciudadanos y las tengan en cuenta para debatirlas? Pues a la vista salta que no. La participación popular ha quedado complétamente desvirtuada por las leyes que los políticos han ido creando con lo que la única salida que han dejado a la ciudadanía es el abordaje callejero puro y duro al político. Si no tienen obligación de recibirnos oficialmente en el Congreso, si tampoco se puede uno manifestar indefinidamente en la calle, si tampoco se puede manifestar ante el Congreso, si la iniciativa popular nunca es atendida ¿qué esperaban? ¿Creían que la gente aguantaría eso por siempre? Obviamente la gente ha preferido ser más práctica y han pasado a asaltar allá donde estén a quienes aunque trabajan para ellos no quieren escucharles.

Veremos si se incrementan las acciones ahora que queda más claro que los escraches, les guste o no, son legales.