Privatizaciones ¿si o no?

La subcontratación de servicios públicos no es una mala práctica que deba ser siempre rechazada. Por el contrario puede ofrecer grandes posibilidades de reducción de costes y beneficios a la vez que pone en mano de los ciudadanos ciertos sectores que la empresa pública necesita y que no es necesario que ella misma preste. Cada vez que la administración necesita desarrollar una labor para la que no está técnicamente preparada puede ser que obtenga mayor efectividad si contrata a una empresa especializada en vez de tener que crear una nueva división interna. Haciendo esto se pueden producir reducciones de costes obteniendo trabajos de mayor calidad que los que se conseguirían con la contratación de personal interno.

Pero esto siempre es una polémica, tanto que, ante el rechazo de muchos, lo que es una privatización del servicio otros lo han bautizado como "externalización", palabro inexistente en nuestro diccionario, a fin de que no parezca lo que realmente es.

En principio no estoy en contra de la privatización de los servicios públicos. Por el contrario considero que hay ciertos servicios que es muy positivo privatizarlos. Para mi se pueden privatizar todos aquellos servicios en los que un trabajador, por el hecho de ser público y no privado, no aporta nada especial a la sociedad. Pero como digo es sólo en principio. Para que un servicio se pueda privatizar deberían cumplirse los siguientes requisitos:

1. No supondrá aumento de costes. Si se privatiza algo es para que salga más barato, no más caro. Sorprenderá saber que esto con mucha frecuencia no se cumple. El gobierno, si externaliza un servicio, debe cumplir una misión de control de que se cumple lo pactado. Basta con ver que a veces, si se suma el coste del servicio con el coste de la supervisión se supera el coste que se tenía en un principio. Eso sin contar que a veces, el coste del servicio privado ya es superior a lo que se pagaba siendo público.

2. No supondrá pérdidas de puestos de trabajo. Si sobran trabajadores públicos seguro que es fácil encontrarles una función. El despido tras convertirlos en empleados privados no puede ser una opción.
3. No supondrá bajadas salariales a los empleados ni diferencias sobre lo que cobrarían de pertenecer al sector público haciendo la misma función. Se supone que los salarios que impone la administración a sus trabajadores son ajustados a la labor desempeñada y a las necesidades económicas generales de cualquier ciudadano. Si eso es así ¿porqué entonces iban sus sueldos a ser rebajados al cambiar a la privada? El estado ha de velar por el bienestar de sus ciudadanos y entre las acciones a realizar está el asegurar un salario justo empezando por sus propios trabajadores. Que dejen de serlo no hace que la situación cambie.
4. Los intereses de la empresa privada no pueden ser contrarios a los que tiene la administración que la contrata. Esto se entiende mejor con un ejemplo: en los países donde se da la privatización de las cárceles se suele hacer un pago fijo por recluso en el centro. Esto hace que a la empresa que ofrece el servicio le interese que haya muchos presos mientras que claramente al Estado no. Lo que suele ocurrir en estos casos es que las empresas crean lobbies que presionan a los gobernantes para que impongan penas más largas y que cualquier delito suponga pena de prisión. Hay decenas de ejemplos más como este. Una empresa dedicada a la sanidad que cobra un fijo por habitante de la zona independientemente de que lo atienda o no ¿querrá asegurarse de que el paciente se sana con las mayores garantías o arriesgará su salud mandándolo para casa a medio curar ahorrando así costes?
5. El sector que se privatiza no puede afectar a la seguridad nacional, a la seguridad y el orden público, a la salud o a la justicia. Para aclarar porqué lo creo bastará con dar algunos ejemplos: ¿Alguien se imagina un Estado con un servicio de inteligencia privatizado propiedad de una empresa de otro Estado enemigo? ¿Alguien se imagina a un policía deteniendo al dueño de la empresa que le paga y que le puede despedir? ¿Sería coherente que los trabajos y el salario de los jueces dependiese de las sentencias que hiciesen contra la empresa que los tiene contratados? Si todo esto se desvirtúa cuando ocurre con trabajadores públicos debe ser un horror cuando ocurre con empresas por en medio.

Así que sí, la privatización de ciertos servicios es buena y necesaria. Pero hay que tener cuidado siempre que se hace para que una privatización no se convierta sin más en una pérdida de derechos de los trabajadores y, lo que es peor, en una pérdida de derechos de los ciudadanos.