No basta parecerlo, hay que serlo.

Van pasando las semanas y cada vez están más cerca las diferentes elecciones que se nos vienen encima este año. Las andaluzas en marzo, las municipales y autonómicas en mayo, catalanas en septiembre y las nacionales que se espera sean en noviembre.

Este año va a ser toda una montaña rusa para la vida de los españoles que seguimos la política nacional con interés. En esa montaña el vagón que más atención está suscitando es en el que va el grupo de Podemos al que los demás partidos llevan tiempo apuntando con sus escopetas de feria, en justa respuesta a sus acusaciones de casta, y por fin han encontrado el momento oportuno para ir disparandole y no con tapones de corcho precísamente. Ese momento lo ha generado el ministro de hacienda, Montoro, al poner "desinteresadamente" el ojo sobre las cuentas del tercero en poder dentro del partido político.

Juan Carlos Monedero, al que habría que llamar il trovatore por sus repetidas intervenciones cantarinas ante su electorado, lleva tiempo siendo acusado de no declarar a hacienda ciertos trabajos por los que llegó a cobrar más de 400.000 euros, cifra nada desdeñable incluso para cualquier trabajo de asesoría política que se realice para cualquier gobierno. Desde que los técnicos de la administración tributaria pusieron "casualmente" su vista sobre las cuentas del político cantarín éste se ha defendido de las acusaciones como gato panza arriba, incluso con notables notas de soberbia, llegando a envalentonarse acusando al ministro del ramo de ir a por él y de haberle declarado la guerra a su partido a través de él.

Dejaré a parte lo zafio del ministro Montoro, ya conocido por sus abusos de poder amenazando siempre que quiere con poner a sus lacayos a trabajar para encontrar errores en las declaraciones de sus críticos. Este personaje, digno del señor Burns de los Simpsons me merece todo mi desprecio pero no es él el objetivo de este artículo.

Monedero presentó batalla a las acusaciones de fraude fiscal y lo hizo envalentonado y soberbio. Algunos creímos ver justificada esa actitud. Cualquiera de nosotros que supiese que tiene sus cuentas al corriente con la administración se sentiría igual de ofendido ante una acusación como la que se hizo sobre él. Pero en los últimos días se ha sabido que Monedero ha presentado una declaración complementaria a hacienda en la que ha pagado la nada despreciable cifra de 200.000 euros y pide que le devuelvan lo que tributó según él erróneamente con anterioridad. Hay una diferencia de más de 100.000 euros que este señor pretendió ahorrarse en impuestos y tributó de una manera incorrecta lo que ahora ha pagado correctamente.

Se puede decir que tras esta revisión no hay delito cometido por parte del trovatore pero eso no quita ese saborcillo a traición y rancia mentira que sobre él pesa desde este momento. Sin entrar en el aun inexistente programa electoral de Podemos sin duda se puede hablar de que ellos se han presentado como el partido regenerador, el que supone una nueva forma de hacer las cosas, siempre en base a una estricta exigencia de cumplimiento con la legalidad que exigen a los demás políticos y por ende a todos los ciudadanos. Esa exigencia, como ellos mismos predican, ha de empezar por uno mismo y a la vista de los acontecimientos parece ser que no todos están practicando el ejemplo de la misma forma.

A cualquier español al que se le revisase su historial de pecados con la administración sería sencillo encontrarle algunos muy comunes. Facturas sin iva, cobros en b, escrituraciones de inmuebles o vehículos inferiores al precio pagado, son ejemplos muy frecuentes. Lo que no es frecuente es que alguien que sabe que ha cometido ese tipo de fraude a la hacienda pública se presente como adalid de la lucha contra el político o el empresario defraudador. Mucho menos lo es que lo haga enfrentándose de esa forma a todo el ministerio de hacienda. Eso que ha hecho el divo Monedero le va a poner en el punto de mira de todos los que le apoyábamos en sus diatribas anti corruptos. Con sus brabuconerías nos hizo creer que estaba siendo acusado injústamente de algo que no cometió pero sus actos han revelado que, aunque se pueda tratar de un claro caso de ajuste de cuentas malintencionado por parte del ministro, sigue tratándose de un caso de fraude fiscal, de desajuste si se quiere ser condescendiente, pero eso debería haber hecho que Monedero hubiese actuado de otra forma, menos treatral y más real. Debería haber anunciado que revisaría públicamente sus propias cuentas y que si se encontrase que había cometido algún error fiscal lo resolvería sin demora pidiendo disculpas por ello. Pero Monedero prefirió convertir este tema en un asunto personal y lo llevó a la escena pública como no debe hacerse. Quiso presentarse como víctima de una injusticia y teatralizó en exceso su ofensa. Eso ahora hace que si uno busca en google "fraude a hacienda" lo primero que salga sea su imagen y la noticia de su complementaria.

Se le olvidó el conocido dicho con el que se dice que Cesar se divorció de Pompeya Sila. Debió haberlo recordado y habérselo aplicado a sí mismo con un ligero cambio.

La mujer del Cesar no sólo debe parecer honrada si no que ha de serlo.

Es más fácil perseguir a un camello que a un Ferrari

Para terminar con el tema de la prescripción de los delitos comento este otro ejemplo de una ley vendida como un avance para todos cuando en realidad resulta ser un retroceso para la mayoría. Aquí dejo un enlace sobre este tema que ofrece detalles: http://alabogados.blogspot.com.es/2013/03/prescripcion-delitos.html

Algo que los españolistos no sabemos es que los delitos prescriben en función de la pena máxima que se puede imponer cuando se dicta la sentencia. De manera muy general se podría decir que un delito prescribe cuando han transcurrido una vez y media el tiempo máximo de condena que nos podría caer. Es decir, si un delito se puede llegar a penar con 10 años de cárcel prescribirá a los 15. Repito, es una generalidad, luego habría que ir a cada caso. Más ejemplos, delitos como la malversación de fondos públicos, el cohecho y el fraude fiscal, todos prescriben a los 5 años por que tienen penas máximas de... ¿3 o 4 años? Temas de drogas a los 15. El asesinato a los 30.

Todos podemos comprender que no tiene sentido que la ley nos persiga eternamente porque hace medio siglo cometimos un delito, la prescripción de los delitos tiene su sentido pero ¿de todos? ¿De cuales? ¿De qué forma? ¿En qué condiciones se persiguen? ¿Y en cuanto tiempo?

Mientras que para perseguir a un asesino se pone en marcha una enorme maquinaria de cuerpos de seguridad del Estado desde el mismo momento casi en el que se comete el delito la experiencia nos dice que la policía se entera de los delitos económicos demasiado tarde y mal.

Curiosamente el Tribunal de Cuentas, el organismo que fiscaliza las cuentas de los partidos políticos, tarda por norma algo más de cinco años en elaborar sus informes por lo que antes de que ellos presenten las conclusiones y pueda actuar la justicia las penas prescriben y las condenas jamás llegan a producirse. ¿Quién decide la dotación de recursos a ese Tribunal? ¡Premio! Los propios políticos.

También "curiosamente" la cantidad de personal de la división de la policía encargada de perseguir delitos de guante blanco es insignificante  comparada con la de la división de drogas o de homicidios cuando está claro que es más fácil que nos afecte un robo en las arcas del estado que un tema de drogas o incluso un asesinato. En hacienda ocurre lo mismo, hay más funcionarios revisando que los "curritos" pagan correctamente sus retenciones de IRPF que revisando grandes cuentas bancarias. ¿Quién decide la dotación de recursos? ¡Premio! Los propios políticos.

Y también los recursos judiciales que hay disponibles para cada tipo de delito son diferentes. Los juzgados encargados de cazar los delitos típicos de gente con mucho dinero no disponen de los recursos necesarios para hacerlo. Eso sí, para cazar a un ladrón de gallinas no hay problema. ¿Quién decide la dotación de recursos? No puedes fallar... ¡Premio! Los propios políticos.

Los legisladores aplicaron la misma norma para todos los delitos, así parecía que no se estaba haciendo ninguna manipulación extraña, pero lo cierto es que sí manipulan aunque sea por otro lado. No tiene los mismos recursos para ocultar un delito un pobre que un rico pero se destinan más recursos a la caza de delitos "de pobres". Hoy en día el tráfico de drogas está penado con un máximo de 9 años de cárcel así que el delito puede ser perseguido durante 14 o 15 años aunque lo habitual es que los pillen en el acto. Es decir, si te pillaron comerciando con 100 gramos de cocaína cuando tenías 20 años , aunque no te juzgasen en el acto deberás preocuparte hasta los 35  de que no te podrán detener por ello. Si defraudas 1000 millones al estado con 20 años a los 25 puedes olvidarte de ser perseguido y disfrutar de tus 1000 millones.

Así que he aquí otro ejemplo más de que la ley que regula los delitos es perversa. No per sé si no porque los gobernantes se han preocupado de imponer penas bajas a los delitos que ellos y las personas con más recursos cometen más frecuentemente. Es más fácil ver a un pobre metido en una trifulca o traficando con drogas que a un rico. También es más fácil ver a un político trincando de la caja que traficando drogas. Y por eso se paga más por la trifulca o la droga que por dejar un banco en quiebra. Lo cual es lógico... si eres el político que maneja el banco, claro.

¡Póbrecito españolisto!

En un país de pillos y truhanes es sorprendente encontrarse que la inmensa mayoría de los ciudadanos apoyan con gran alegría modificaciones legales que cláramente les perjudican mucho más de lo que les benefician. En mi experiencia personal encuentro que muchos que se alegraron con el cambio de ley sobre la prescripción de los delitos contra la Hacienda pública, es decir, los fraudes en las declaraciones de la renta o en el pago de impuestos, que desde hace tiempo prescriben a los 5 años. También encuentro a quienes se han mostrado felices cuando saben que les van a rebajar los impuestos, por ejemplo el de sucesiones.

Estoy convencido de que es esa condición de pícaros rufianes unido a la falta de la convicción sobre la idea de pertenecer a una sociedad contributiva lo que hace que la mayoría vea esas modificaciones legales como beneficiosas. Un trabajador que al decirle que Hacienda no le podrá reclamar deudas pendientes con el fisco que se hayan producido hace más de 4 años lo ve como algo positivo me hace pensar que es porque él tiene cuentas pendientes en sus tributos pero yo me pregunto ¿qué fraudes fiscales habrá cometido el asalariado tipo español en esos cuatro años? ¿Y por qué cuantía? Por contra ¿cuantos delitos fiscales podría haber realizado un gran empresario de las finanzas? ¿Y por qué cuantía? ¿Y cuanto influye en toda la sociedad la falta del dinero que deja de ingresar el Estado por los fraudes de ambos? No insinúo nada sobre si los asalariados son más legales que los grandes empresarios, me limito a reflejar las posibilidades que tiene cada uno y el sentido que tienen de alegrarse por no poder ser cazados. A un asalariado ya le retienen de su nómina los impuestos a sus rendimientos del trabajo y sus posibilidades de fraude son muy reducidas así como las cuantías. El caso más gordo suele ser el de la compraventa de la vivienda, que normalmente se escritura y declara por menos de lo que realmente se paga. Mientras la cantidad de posibilidades de ocultación de las actividades de un empresario de finanzas son innumerables a la vez que sus cuantías pueden ser muy importantes.

Así que ¿tiene sentido alegrarse porque a nadie se le reclaman deudas fiscales pasados 5 años? Sólo si defraudas mucho, muchísimo. Si no es así, si eres uno de esos asalariados o un autónomo que no se está haciendo rico con su trabajo, cada vez que tu te alegras de que esa ley esté así en mi opinión estás haciendo el tonto y perjudicando tus propios intereses y los del resto.

Ese es sólo un ejemplo pero hay muchos más. A lo largo de los próximos artículos, si no se cuela algún otro tema más actual, iré comentando algunos de esos ejemplos. Veremos con qué facilidad nos convencen de la bondad de algunas leyes cuando en realidad casi no nos afectan ni en lo económico ni en lo personal y que cláramente empeoran a toda la sociedad.

Privatizaciones ¿si o no?

La subcontratación de servicios públicos no es una mala práctica que deba ser siempre rechazada. Por el contrario puede ofrecer grandes posibilidades de reducción de costes y beneficios a la vez que pone en mano de los ciudadanos ciertos sectores que la empresa pública necesita y que no es necesario que ella misma preste. Cada vez que la administración necesita desarrollar una labor para la que no está técnicamente preparada puede ser que obtenga mayor efectividad si contrata a una empresa especializada en vez de tener que crear una nueva división interna. Haciendo esto se pueden producir reducciones de costes obteniendo trabajos de mayor calidad que los que se conseguirían con la contratación de personal interno.

Pero esto siempre es una polémica, tanto que, ante el rechazo de muchos, lo que es una privatización del servicio otros lo han bautizado como "externalización", palabro inexistente en nuestro diccionario, a fin de que no parezca lo que realmente es.

En principio no estoy en contra de la privatización de los servicios públicos. Por el contrario considero que hay ciertos servicios que es muy positivo privatizarlos. Para mi se pueden privatizar todos aquellos servicios en los que un trabajador, por el hecho de ser público y no privado, no aporta nada especial a la sociedad. Pero como digo es sólo en principio. Para que un servicio se pueda privatizar deberían cumplirse los siguientes requisitos:

1. No supondrá aumento de costes. Si se privatiza algo es para que salga más barato, no más caro. Sorprenderá saber que esto con mucha frecuencia no se cumple. El gobierno, si externaliza un servicio, debe cumplir una misión de control de que se cumple lo pactado. Basta con ver que a veces, si se suma el coste del servicio con el coste de la supervisión se supera el coste que se tenía en un principio. Eso sin contar que a veces, el coste del servicio privado ya es superior a lo que se pagaba siendo público.

2. No supondrá pérdidas de puestos de trabajo. Si sobran trabajadores públicos seguro que es fácil encontrarles una función. El despido tras convertirlos en empleados privados no puede ser una opción.
3. No supondrá bajadas salariales a los empleados ni diferencias sobre lo que cobrarían de pertenecer al sector público haciendo la misma función. Se supone que los salarios que impone la administración a sus trabajadores son ajustados a la labor desempeñada y a las necesidades económicas generales de cualquier ciudadano. Si eso es así ¿porqué entonces iban sus sueldos a ser rebajados al cambiar a la privada? El estado ha de velar por el bienestar de sus ciudadanos y entre las acciones a realizar está el asegurar un salario justo empezando por sus propios trabajadores. Que dejen de serlo no hace que la situación cambie.
4. Los intereses de la empresa privada no pueden ser contrarios a los que tiene la administración que la contrata. Esto se entiende mejor con un ejemplo: en los países donde se da la privatización de las cárceles se suele hacer un pago fijo por recluso en el centro. Esto hace que a la empresa que ofrece el servicio le interese que haya muchos presos mientras que claramente al Estado no. Lo que suele ocurrir en estos casos es que las empresas crean lobbies que presionan a los gobernantes para que impongan penas más largas y que cualquier delito suponga pena de prisión. Hay decenas de ejemplos más como este. Una empresa dedicada a la sanidad que cobra un fijo por habitante de la zona independientemente de que lo atienda o no ¿querrá asegurarse de que el paciente se sana con las mayores garantías o arriesgará su salud mandándolo para casa a medio curar ahorrando así costes?
5. El sector que se privatiza no puede afectar a la seguridad nacional, a la seguridad y el orden público, a la salud o a la justicia. Para aclarar porqué lo creo bastará con dar algunos ejemplos: ¿Alguien se imagina un Estado con un servicio de inteligencia privatizado propiedad de una empresa de otro Estado enemigo? ¿Alguien se imagina a un policía deteniendo al dueño de la empresa que le paga y que le puede despedir? ¿Sería coherente que los trabajos y el salario de los jueces dependiese de las sentencias que hiciesen contra la empresa que los tiene contratados? Si todo esto se desvirtúa cuando ocurre con trabajadores públicos debe ser un horror cuando ocurre con empresas por en medio.

Así que sí, la privatización de ciertos servicios es buena y necesaria. Pero hay que tener cuidado siempre que se hace para que una privatización no se convierta sin más en una pérdida de derechos de los trabajadores y, lo que es peor, en una pérdida de derechos de los ciudadanos.

Todos lo deberíamos saber

"Tengo derecho porque esto se paga con mis impuestos".

Mítica frase en esta España de gente cabreada, que ya no indignada. Viene a decirse cada vez que algo referente a un servicio público no funciona como uno espera. Se puede decir que ya forma parte del chascarrillo popular a la hora de hacer una reclamación sobre lo público. Pero ¿cuanto tiene de cierta la frase? Obviamente mucho, ya que lo público se mantiene con los impuestos que pagamos entre todos pero ¿cuanto creemos que pagamos y cuanto gastamos directamente?

Aunque existe el indicador de los ingresos medios por familia en España no usaré ese valor ya que me parece poco apropiado, usaré el indicado del salario más frecuente que es de 15.000 euros y supondré que la familia media española la forman 4 personas con 2 salarios. Se que no es el ejemplo perfecto pero sí me sirve para ilustrar estas cuentas que quiero exponer. En resumen, contamos con 2 adultos, 2 niños y 30.000 euros brutos.

El pago en impuestos directos de esos salarios es de un 24% así que sabemos que se pagarán 7.200 € por ese concepto. Suponiendo que el impuesto indirecto más común es el del IVA lo usaré y despreciaré los demás. La media del Iva es del 18% así que sabemos que al sobrante le descontaremos ese porcentaje, otros 4.100 €. Podríamos decir que la familia media ingresa 30.000€ anuales de los que paga 11.300 € en impuestos. Es muy a groso modo pero para el ejemplo vale. Es una pasta. ¿Pero para cuanto da ese dinero?

Pondré la directa. Esta familia media que he escogido tiene 2 hijos, ambos en edad escolar. Según el INE el coste medio de la enseñanza de un alumno de enseñanza primaria es de "sólo" 6.400 € anuales. Así que esta familia recibe en concepto de escolarización de sus hijos un importe anual de 12.800 €. Pagó 11.300 €. Podría decirse que ha recibido ya sólo en este concepto 1.500 € más de los que aportó. Y aun no hemos echado cuentas sobre todas las demás cosas.

No hemos contado el gasto sanitario, ni el de infraestructuras, ni el de seguridad, ni el de la propia administración ni el de... ni el de... ni el de... No hemos contado con casi nada y ya tenemos "déficit". Aun así pondré ejemplos de los costes de lo que gastamos y no sabemos.

• El coste medio de una consulta de atención primaria es de unos 15 euros.
• El coste medio de una consulta de atención especializada es de unos 130 euros.
• Una simple visita a urgencias tiene un coste medio de 200 euros.
• Un ingreso hospitalario tiene un coste medio de 5.000 euros.
• Los datos no los tengo del todo claros pero 1 km de autovía parece ser que cuesta una media de 200.000 €.
• La intervención de una unidad de bomberos para apagar un incendio casero supera los 800 euros de coste.
• El último caza Eurofighter comprado superó los 122 millones de euros de precio.
• El coste mensual en pensiones de cualquier tipo es de más de 7.000 millones de euros. Y suma y sigue.

Así que a la vista de estos datos ¿con cuanta legitimidad reclamamos entonces ciertos temas con la frase que expuse al inicio? Pues entiendo que legitimidad toda ya que los impuestos se basan en un sistema solidario en los que uno aporta en función de lo que tiene y aporta para todo, no sólo para lo que recibe directamente y aporta por todos, no sólo por si mismo. Es más, uno aporta sin saber si se beneficiará directamente de los servicios del estado (obviamente siempre nos beneficiamos).

Pero con estos datos queda claro que la familia media española recibe en proporción, directa e indirectamente, unos servicios con unos costes mucho más elevados que lo que paga en impuestos. Yo creo que no hay ninguna duda de esto que digo. ¿Pero qué ocurre con aquellas personas que superan con mucho esos ingresos anuales de 30.000€? ¿Aportan más de lo que directamente reciben? Pues es muy posible que sí. Por llevar el tema a un extremo un jugador de futbol que cobre 10 millones brutos al año cotizará casi 5 millones. Se tendría que pasar la temporada entera en un hospital o tener muchos hijos como para recibir en sus propias carnes la porción que aporta. ¿Pero si tenemos en cuenta todo ocurre lo mismo?

¿Cuanto cuesta mantener una sociedad donde es razonablemente seguro pasear por las calles sin miedo a ser asaltado por cualquiera en cualquier momento? ¿Cuanto cuesta contar con centros sanitarios en prácticamente cualquier lugar de la geografía donde nos atiendan en caso de urgencia en un tiempo razonable? ¿Cuanto cuesta gozar de un estado de derecho con un nivel de garantías como el nuestro? ¿Que precio tiene vivir en una sociedad que está incorporada a una sociedad como la europea? ¿Sabemos valorar lo que supone tener una sociedad como la nuestra?
 
Con esto no quiero decir nada especial pero creo que conviene que todos tengamos esto muy claro ya que a veces se nos olvida o no sabemos lo que nos cuestan estas cosas y cuanto podemos presumir realmente de lo que cada uno aportamos a este estado del bienestar. La frase "Tengo derecho porque esto se paga con mis impuestos" es cierta mucho más por pagarse esos servicios con los impuestos que pagamos entre todos que por los impuestos que pagamos cada uno. Eso es lo que conviene recordar siempre.

Y una vez dicho esto aquí dejo un cuadro que he encontrado por internet, recomiendo verlo ampliado para poder leer los detalles.